Una aeronave que despegó de Phnom Penh, Camboya, rasgó el cielo nocturno y finalmente aterrizó en territorio chino. En el avión, una figura que alguna vez fue una leyenda —el fundador del Grupo Príncipe (Prince Group) de Camboya, Chen Zhi— llevaba esposas, poniendo fin a su breve y brillante carrera como magnate extranjero. Este empresario de solo 38 años, que fue considerado el “hombre más rico de Camboya”, ahora se encuentra en el centro de un caso criminal transnacional que involucra activos que superan los 10,000 millones de dólares.
Con su captura y deportación, una gran incógnita cuelga sobre los mercados de criptomonedas globales y el escenario político internacional: ¿Qué destino le espera a Chen Zhi? ¿A quién pertenecerán finalmente los activos de Bitcoin confiscados por el gobierno de EE. UU., que ascienden a 127,271 monedas y cuyo valor en su punto máximo alcanzó los 15,000 millones de dólares? Esto no solo marca el fin de un crimen de proporciones impactantes, sino que también da inicio a una lucha entre China y EE. UU. en torno a la soberanía digital y la jurisdicción legal.
La caída de un magnate
La historia de Chen Zhi es como una película de trama intrincada. En 2015, fundó el Grupo Príncipe en Camboya, comenzando en bienes raíces y expandiendo rápidamente su imperio a bancos, finanzas, hoteles, aerolíneas e incluso tecnología. Con habilidades para la manipulación, no solo fue asesor senior del primer ministro camboyano, sino que también construyó una imagen de éxito empresarial y filántropo a través de frecuentes donaciones benéficas en los medios locales.
Pero tras esa fachada brillante, operaba en silencio un vasto y oscuro imperio criminal. Según la acusación presentada en octubre de 2025 por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Chen Zhi y su Grupo Príncipe son acusados de liderar una red global de estafas conocidas como “Pig Butchering” (matanza de cerdos). La organización estableció al menos 10 zonas cerradas y altamente vigiladas en Camboya y otros lugares, que afirmaban ser centros tecnológicos, pero en realidad utilizaban la trata de personas para encarcelar a decenas de miles de “trabajadores digitales” provenientes de diversos países asiáticos.
Estos empleados forzados a participar en fraudes, siguiendo guiones cuidadosamente diseñados, establecían conexiones emocionales con víctimas en todo el mundo a través de redes sociales, induciéndolas a invertir en plataformas de criptomonedas falsas. Cuando las víctimas invertían grandes sumas, las plataformas desaparecían en un instante, dejando a los inversores con pérdidas totales. Solo en EE. UU., más de 250 víctimas perdieron todo su patrimonio.
Este modelo criminal, que combina manipulación emocional, fraude financiero y trabajo forzado, permitió a Chen Zhi acumular una riqueza sorprendente. Para lavar el dinero ilícito, crearon una red de lavado que incluía más de 100 empresas offshore, billeteras de criptomonedas no gestionadas, minas y estructuras corporativas complejas. Parte de las ganancias ilegales se usaron para gastos lujosos, incluyendo la compra de obras de Picasso.
Estas actividades criminales, que cruzaron cinco continentes, atrajeron la atención de los gobiernos de EE. UU. y Reino Unido. En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE. UU. tomaron medidas conjuntas, calificando al Grupo Príncipe como una “organización criminal transnacional” y sancionando severamente a Chen Zhi y a sus asociados. La red de vigilancia se estrechó, y finalmente su protección política en Camboya se vio comprometida. En diciembre de 2025, la monarquía camboyana emitió una orden revocando su ciudadanía, allanando el camino para su arresto y deportación a China.
El misterio de la propiedad del Bitcoin
El foco más llamativo del caso es, sin duda, la confiscación de 127,271 bitcoins por parte del gobierno de EE. UU. El valor de estos activos, fluctuando con el precio de la criptomoneda, osciló entre 11,6 y 15 mil millones de dólares, y fue calificado por el DOJ como la “mayor incautación civil en la historia”. Actualmente, estos fondos digitales están almacenados en una billetera fría bajo control del gobierno estadounidense, a la espera de una resolución legal definitiva.
Sin embargo, la propiedad de estos activos se ha convertido en un complejo juego de poder geopolítico.
Posición de EE. UU.: El Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que estos bitcoins son ganancias directas del fraude y lavado de dinero del red criminal de Chen Zhi, y que su objetivo final es, mediante procedimientos civiles, compensar a las víctimas en todo el mundo.
Acusaciones de China: Por otro lado, China presenta una versión muy diferente. En noviembre del año pasado, el Centro Nacional de Respuesta a Virus Informáticos (CNCERT) publicó un informe acusando a EE. UU. de haber planeado un ciberataque en 2020, robando más de 120,000 bitcoins de una pool minera china. El informe insinuaba que algunos de los bitcoins confiscados a Chen Zhi “coincidían” con los robados en esa ocasión. Esta acusación añade un gran elemento de incertidumbre a la disputa sobre la propiedad, elevando el caso a una disputa de soberanía entre naciones.
La opción de Camboya: Para Camboya, que otorgó a Chen Zhi un alto estatus político, entregarlo a China sería la “ruta de menor resistencia”. Esto respondería a las críticas occidentales sobre actividades delictivas y derechos humanos en su territorio, y también mostraría cooperación a su aliado más importante.
Actualmente, se presenta una situación incómoda: “el criminal en China, los activos en EE. UU.”. La lucha por los más de 10,000 millones en Bitcoin apenas comienza.
Tres grandes incógnitas por resolver
Con Chen Zhi siendo deportado a China, el futuro del caso está lleno de incertidumbre, y las principales preguntas se pueden resumir en estos tres aspectos:
El destino de Chen Zhi: Según la ley china, los ciudadanos (o exciudadanos) que cometen delitos graves en el extranjero están bajo jurisdicción de las autoridades chinas. Los delitos de fraude, lavado de dinero y trata de personas en los que incurrió Chen Zhi son considerados delitos graves en China. Enfrentará investigaciones y juicios completos en su país. Basándose en casos similares anteriores, las penas podrían ser severas, incluso prisión perpetua. Su riqueza y poder pasados ya no le servirán de protección.
El destino final de los 10,000 millones en Bitcoin: Este es el núcleo de la incógnita. El DOJ continuará con el proceso de incautación, pero China probablemente no permanecerá de brazos cruzados. Beijing podría argumentar que los bitcoins fueron obtenidos mediante un ciberataque y reclamar su soberanía sobre esos activos, o usarlos como moneda de negociación en futuras negociaciones judiciales con EE. UU. Esto convertiría la disputa en una larga y compleja lucha diplomática y legal, altamente politizada.
El impacto en las víctimas: Miles de víctimas en todo el mundo, aunque ven la justicia en el horizonte, enfrentan un proceso de recuperación que será muy largo. La distribución de los activos dependerá de la lucha entre EE. UU. y China, y podría tardar años.
El impacto en el mercado de criptomonedas: Los más de 120,000 bitcoins confiscados son como una espada de Damocles sobre el mercado. Si EE. UU. logra obtener la propiedad y decide vender en lotes, esto podría generar una presión de venta masiva en el precio de Bitcoin, representando un riesgo potencial a largo plazo para el mercado.
El impacto en la industria de fraudes: La captura de Chen Zhi es sin duda un golpe duro para la proliferación de fraudes en el sudeste asiático. Sin embargo, los analistas creen que estas redes delictivas son altamente dispersas y tienen una gran capacidad de reinvención. Mientras las ganancias sigan siendo altas, eliminar a un “cabecilla” solo dará paso a que nuevos grupos criminales llenen el vacío. Erradicar esta industria negra requiere mucho más que una sola operación policial; necesita una cooperación y regulación globales más duraderas y profundas.
Conclusión
Chen Zhi, que en un año pasó de un imperio empresarial en las nubes a las rejas, ya no es más que una ficha en el juego geopolítico entre EE. UU. y China. Y esa gran cantidad de Bitcoin que yace en una billetera fría no solo es oro digital, sino también un símbolo de la soberanía digital, la jurisdicción legal y la lucha de poder internacional en la era digital, recordándonos que la justicia y el poder ahora también operan en la cadena de bloques.
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El señor Chen Zhi, con 127,000 bitcoins, ha sido deportado a China. ¿Qué sucederá a continuación?
Una aeronave que despegó de Phnom Penh, Camboya, rasgó el cielo nocturno y finalmente aterrizó en territorio chino. En el avión, una figura que alguna vez fue una leyenda —el fundador del Grupo Príncipe (Prince Group) de Camboya, Chen Zhi— llevaba esposas, poniendo fin a su breve y brillante carrera como magnate extranjero. Este empresario de solo 38 años, que fue considerado el “hombre más rico de Camboya”, ahora se encuentra en el centro de un caso criminal transnacional que involucra activos que superan los 10,000 millones de dólares.
Con su captura y deportación, una gran incógnita cuelga sobre los mercados de criptomonedas globales y el escenario político internacional: ¿Qué destino le espera a Chen Zhi? ¿A quién pertenecerán finalmente los activos de Bitcoin confiscados por el gobierno de EE. UU., que ascienden a 127,271 monedas y cuyo valor en su punto máximo alcanzó los 15,000 millones de dólares? Esto no solo marca el fin de un crimen de proporciones impactantes, sino que también da inicio a una lucha entre China y EE. UU. en torno a la soberanía digital y la jurisdicción legal.
La caída de un magnate
La historia de Chen Zhi es como una película de trama intrincada. En 2015, fundó el Grupo Príncipe en Camboya, comenzando en bienes raíces y expandiendo rápidamente su imperio a bancos, finanzas, hoteles, aerolíneas e incluso tecnología. Con habilidades para la manipulación, no solo fue asesor senior del primer ministro camboyano, sino que también construyó una imagen de éxito empresarial y filántropo a través de frecuentes donaciones benéficas en los medios locales.
Pero tras esa fachada brillante, operaba en silencio un vasto y oscuro imperio criminal. Según la acusación presentada en octubre de 2025 por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Chen Zhi y su Grupo Príncipe son acusados de liderar una red global de estafas conocidas como “Pig Butchering” (matanza de cerdos). La organización estableció al menos 10 zonas cerradas y altamente vigiladas en Camboya y otros lugares, que afirmaban ser centros tecnológicos, pero en realidad utilizaban la trata de personas para encarcelar a decenas de miles de “trabajadores digitales” provenientes de diversos países asiáticos.
Estos empleados forzados a participar en fraudes, siguiendo guiones cuidadosamente diseñados, establecían conexiones emocionales con víctimas en todo el mundo a través de redes sociales, induciéndolas a invertir en plataformas de criptomonedas falsas. Cuando las víctimas invertían grandes sumas, las plataformas desaparecían en un instante, dejando a los inversores con pérdidas totales. Solo en EE. UU., más de 250 víctimas perdieron todo su patrimonio.
Este modelo criminal, que combina manipulación emocional, fraude financiero y trabajo forzado, permitió a Chen Zhi acumular una riqueza sorprendente. Para lavar el dinero ilícito, crearon una red de lavado que incluía más de 100 empresas offshore, billeteras de criptomonedas no gestionadas, minas y estructuras corporativas complejas. Parte de las ganancias ilegales se usaron para gastos lujosos, incluyendo la compra de obras de Picasso.
Estas actividades criminales, que cruzaron cinco continentes, atrajeron la atención de los gobiernos de EE. UU. y Reino Unido. En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE. UU. tomaron medidas conjuntas, calificando al Grupo Príncipe como una “organización criminal transnacional” y sancionando severamente a Chen Zhi y a sus asociados. La red de vigilancia se estrechó, y finalmente su protección política en Camboya se vio comprometida. En diciembre de 2025, la monarquía camboyana emitió una orden revocando su ciudadanía, allanando el camino para su arresto y deportación a China.
El misterio de la propiedad del Bitcoin
El foco más llamativo del caso es, sin duda, la confiscación de 127,271 bitcoins por parte del gobierno de EE. UU. El valor de estos activos, fluctuando con el precio de la criptomoneda, osciló entre 11,6 y 15 mil millones de dólares, y fue calificado por el DOJ como la “mayor incautación civil en la historia”. Actualmente, estos fondos digitales están almacenados en una billetera fría bajo control del gobierno estadounidense, a la espera de una resolución legal definitiva.
Sin embargo, la propiedad de estos activos se ha convertido en un complejo juego de poder geopolítico.
Posición de EE. UU.: El Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que estos bitcoins son ganancias directas del fraude y lavado de dinero del red criminal de Chen Zhi, y que su objetivo final es, mediante procedimientos civiles, compensar a las víctimas en todo el mundo.
Acusaciones de China: Por otro lado, China presenta una versión muy diferente. En noviembre del año pasado, el Centro Nacional de Respuesta a Virus Informáticos (CNCERT) publicó un informe acusando a EE. UU. de haber planeado un ciberataque en 2020, robando más de 120,000 bitcoins de una pool minera china. El informe insinuaba que algunos de los bitcoins confiscados a Chen Zhi “coincidían” con los robados en esa ocasión. Esta acusación añade un gran elemento de incertidumbre a la disputa sobre la propiedad, elevando el caso a una disputa de soberanía entre naciones.
La opción de Camboya: Para Camboya, que otorgó a Chen Zhi un alto estatus político, entregarlo a China sería la “ruta de menor resistencia”. Esto respondería a las críticas occidentales sobre actividades delictivas y derechos humanos en su territorio, y también mostraría cooperación a su aliado más importante.
Actualmente, se presenta una situación incómoda: “el criminal en China, los activos en EE. UU.”. La lucha por los más de 10,000 millones en Bitcoin apenas comienza.
Tres grandes incógnitas por resolver
Con Chen Zhi siendo deportado a China, el futuro del caso está lleno de incertidumbre, y las principales preguntas se pueden resumir en estos tres aspectos:
El destino de Chen Zhi: Según la ley china, los ciudadanos (o exciudadanos) que cometen delitos graves en el extranjero están bajo jurisdicción de las autoridades chinas. Los delitos de fraude, lavado de dinero y trata de personas en los que incurrió Chen Zhi son considerados delitos graves en China. Enfrentará investigaciones y juicios completos en su país. Basándose en casos similares anteriores, las penas podrían ser severas, incluso prisión perpetua. Su riqueza y poder pasados ya no le servirán de protección.
El destino final de los 10,000 millones en Bitcoin: Este es el núcleo de la incógnita. El DOJ continuará con el proceso de incautación, pero China probablemente no permanecerá de brazos cruzados. Beijing podría argumentar que los bitcoins fueron obtenidos mediante un ciberataque y reclamar su soberanía sobre esos activos, o usarlos como moneda de negociación en futuras negociaciones judiciales con EE. UU. Esto convertiría la disputa en una larga y compleja lucha diplomática y legal, altamente politizada.
El impacto en las víctimas: Miles de víctimas en todo el mundo, aunque ven la justicia en el horizonte, enfrentan un proceso de recuperación que será muy largo. La distribución de los activos dependerá de la lucha entre EE. UU. y China, y podría tardar años.
El impacto en el mercado de criptomonedas: Los más de 120,000 bitcoins confiscados son como una espada de Damocles sobre el mercado. Si EE. UU. logra obtener la propiedad y decide vender en lotes, esto podría generar una presión de venta masiva en el precio de Bitcoin, representando un riesgo potencial a largo plazo para el mercado.
El impacto en la industria de fraudes: La captura de Chen Zhi es sin duda un golpe duro para la proliferación de fraudes en el sudeste asiático. Sin embargo, los analistas creen que estas redes delictivas son altamente dispersas y tienen una gran capacidad de reinvención. Mientras las ganancias sigan siendo altas, eliminar a un “cabecilla” solo dará paso a que nuevos grupos criminales llenen el vacío. Erradicar esta industria negra requiere mucho más que una sola operación policial; necesita una cooperación y regulación globales más duraderas y profundas.
Conclusión
Chen Zhi, que en un año pasó de un imperio empresarial en las nubes a las rejas, ya no es más que una ficha en el juego geopolítico entre EE. UU. y China. Y esa gran cantidad de Bitcoin que yace en una billetera fría no solo es oro digital, sino también un símbolo de la soberanía digital, la jurisdicción legal y la lucha de poder internacional en la era digital, recordándonos que la justicia y el poder ahora también operan en la cadena de bloques.