Redacción: San, Deep Tide TechFlow
El 2 de diciembre, el presidente de la SEC, Paul Atkins, declaró en un discurso en la Bolsa de Nueva York que la nueva normativa de exención por innovación para empresas de criptomonedas entrará oficialmente en vigor en enero de 2026.
La nueva normativa de exención por innovación para empresas de criptomonedas se remonta al plan Project Crypto de julio de este año, pero fue suspendida debido al cierre del gobierno. Ahora se ha vuelto a mencionar y se confirma su implementación, lo que ha suscitado una gran atención y debate en el mercado.
Sin embargo, ¿puede realmente esta política tan esperada traer la primavera a la industria cripto?
Contenido central de la nueva normativa de exención por innovación
Según los detalles publicados por la SEC, la exención por innovación incluye los siguientes tres factores clave.
En primer lugar, el alcance de la exención. Cualquier entidad que desarrolle u opere negocios relacionados con activos criptográficos puede solicitarla, incluidos plataformas de intercambio, protocolos DeFi, emisores de stablecoins e incluso organizaciones DAO.
El periodo de exención por innovación es de 12 a 24 meses, durante el cual los proyectos solo necesitan presentar una divulgación de información simplificada, en lugar del expediente de registro S-1 completo.
En segundo lugar, los requisitos de cumplimiento. Aunque disfrutan de la exención, los proyectos aún deben cumplir con los estándares básicos de cumplimiento, como implementar procedimientos KYC/AML, presentar informes operativos trimestrales y someterse a revisiones periódicas de la SEC.
Para los proyectos que involucran a minoristas, se deben establecer mecanismos de protección al inversor, incluyendo advertencias de riesgos y límites de inversión.
Por último, los criterios de clasificación de tokens. En esta exención por innovación, la SEC divide los activos digitales en cuatro categorías: tipo commodity (como BTC), tipo funcional (utility tokens), tipo coleccionable (NFT) y tipo de valores tokenizados.
Las tres primeras pueden quedar fuera del marco de regulación de valores al cumplir con las condiciones de “suficiente descentralización” o “funcionalidad completa”.
Voces críticas
La política exige que todos los proyectos participantes en la exención implementen “procedimientos razonables de verificación de usuarios”, lo cual entra en conflicto directo con el principio de descentralización de la industria cripto y ha generado gran controversia en la comunidad DeFi.
Según la nueva normativa, los protocolos DeFi deben dividir los pools de liquidez en dos tipos: pools autorizados para inversores regulados y pools públicos para todos los usuarios.
Los pools autorizados disfrutan de una regulación más laxa, pero deben verificar la identidad de cada participante. Este requisito, sin duda, convierte las finanzas cripto en algo más tradicional.
Aún más preocupantes pueden ser las exigencias de modificación técnica.
La SEC recomienda que los proyectos DeFi utilicen estándares de tokens compatibles como ERC-3643, que integran funciones de verificación de identidad y restricciones de transferencias en los smart contracts.
Si cada transacción debe comprobar una whitelist y los tokens pueden ser congelados por entidades centralizadas, ¿sigue siendo DeFi lo que entendemos por DeFi?
Este requisito también contradice la postura previa del fundador de Uniswap, Hayden Adams, que se opone a la identificación obligatoria.
Incluso aceptando los requisitos de cumplimiento, la política enfrenta grandes incertidumbres en su ejecución.
En cuanto a la regulación más laxa para proyectos suficientemente descentralizados, la SEC no ha dado criterios cuantitativos claros; nadie sabe si se basará en el número de nodos, la distribución de tokens u otros factores.
Esta incertidumbre otorga una gran discrecionalidad al regulador y genera inseguridad a los equipos de los proyectos.
Otro problema es la disposición tras el fin del periodo de exención.
Como máximo, tras 24 meses, los proyectos exentos deberán completar el registro o demostrar que han alcanzado una “descentralización suficiente”. Pero si en ese momento la SEC considera que el proyecto no cumple los estándares, ¿se revisarán todas las operaciones anteriores?
Por su parte, la World Federation of Exchanges (WFE) plantea otra cuestión: ¿por qué los criptoactivos deben recibir un trato especial? Si cada industria emergente pidiese una exención regulatoria, la equidad y coherencia de todo el sistema regulador se vería afectada.
Imagen: Carta de la WFE a la SEC: “Re: SEC Crypto Task Force”
Impacto potencial positivo
A pesar de las numerosas controversias, la política de exención por innovación aporta algunos cambios positivos a la industria cripto, y la comunidad en general la percibe como una noticia muy favorable.
Imagen: Tuit del bloguero @qinbafrank
En el plano normativo, el impacto más directo es la reducción de los costes de cumplimiento.
Antes, para operar legalmente un proyecto cripto en EE. UU., se necesitaban millones de dólares en abogados y más de un año de trámites. Ahora, gracias a la exención, los proyectos pueden empezar a operar y mejorar su marco de cumplimiento sobre la marcha. Esto es una gran ventaja para los equipos emprendedores con recursos limitados.
Además, hay más margen para la innovación tecnológica.
Nuevos conceptos cripto tienen ahora la oportunidad de ser probados bajo este nuevo marco de exención, especialmente en el campo de las stablecoins, que este año ha sido tendencia. Con apoyo legislativo, se podrían establecer estándares regulatorios más altos, lo que sería muy relevante para todo el sistema de pagos.
Espacio de supervivencia regulada para proyectos estadounidenses
En los últimos años, muchos proyectos cripto originarios de EE. UU. optaron por “emigrar”. Ripple trasladó parte de su negocio a Singapur, Coinbase consideró salir a bolsa en el extranjero y muchos equipos iniciales se registraron desde el primer día en Islas Caimán o BVI, evitando deliberadamente el mercado estadounidense.
La razón principal de este éxodo no era una regulación demasiado estricta, sino demasiado ambigua. El modelo de regulación por ejecución de la SEC dejaba a los proyectos a la deriva: lo que hoy es legal, mañana puede recibir una Wells Notice. Mejor irse que arriesgarse.
Al menos formalmente, la política de exención por innovación cambia esto: los proyectos pueden obtener un “periodo seguro” de 12-24 meses para operar dentro de un marco claro, en vez de vivir en una zona gris.
Para los equipos que ya desean cumplir la ley y servir a usuarios estadounidenses, esto realmente reduce la barrera de entrada.
Pero es importante ser realistas: esto no equivale a un “regreso del talento a la industria cripto”.
La fuga de talento en el sector cripto global se debe más a la crisis de confianza en la industria que a la regulación. Por el contrario, si durante el periodo de exención proliferan los problemas, la fuga de talento podría acelerarse aún más.
Así que, en realidad, esta política abre una ventana para los “proyectos que quieren operar legalmente en EE. UU.”, pero ni puede ni pretende resolver los problemas fundamentales del sector cripto.
Conclusión
La política de exención por innovación de la SEC representa un cambio importante en el enfoque regulador estadounidense hacia las criptomonedas. Busca un punto medio entre la “prohibición total” y el “dejar hacer”. Quizá ese camino no sea perfecto y esté lleno de compromisos y contradicciones, pero al menos ofrece una posibilidad de avance para el sector.
Que la política tenga éxito o no dependerá de muchos factores, como el rigor de la SEC, la autorregulación de los equipos y la evolución tecnológica. Si todos encuentran el equilibrio, 2026 podría ser un nuevo punto de partida para el desarrollo del sector cripto.
Por ahora, la puerta de la exploración acaba de abrirse.
