La batalla por los rendimientos de las stablecoins, ¿cómo se atascó la legislación regulatoria de criptomonedas en EE.UU.?

Autor | Oluwapelumi Adejumo

Traducido por | Saoirse, Foresight News

Enlace al original:

Este proyecto de ley, respaldado por el presidente y destinado a establecer reglas regulatorias más completas para el mercado de criptomonedas en Estados Unidos, se acerca a un plazo político en el Congreso. Mientras tanto, la banca está presionando a legisladores y reguladores para prohibir que las empresas de stablecoins ofrezcan rendimientos similares a los intereses de depósitos bancarios.

Este juego se ha convertido en uno de los temas más cruciales y sin resolver en la agenda de criptomonedas en Washington. La disputa central es: ¿deberían las stablecoins vinculadas al dólar centrarse únicamente en funciones de pago y liquidación, o pueden agregar atributos de inversión que compitan con cuentas bancarias y fondos del mercado monetario?

El proyecto de ley del Senado, llamado Ley CLARITY, una ley de estructura de mercado, ha quedado estancado debido a la ruptura en las negociaciones sobre los llamados “rendimientos de stablecoins”.

Fuentes de la industria y cabilderos indican que, si se quiere que la ley tenga una posibilidad real de aprobarse antes de que se cierre el calendario electoral, la ventana de oportunidad para avanzar será a finales de abril y principios de mayo.

El Congressional Research Service (Servicio de Investigación del Congreso) agudiza aún más la controversia legal

El CRS define este problema de manera más restringida que el debate público.

En un informe del 6 de marzo, el CRS señala que la Ley GENIUS prohíbe a los emisores de stablecoins pagar rendimientos directamente a los usuarios, pero no aclara completamente la legalidad del llamado “modelo de terceros” — es decir, las plataformas de intercambio y otros intermediarios entre el emisor y el usuario final.

El CRS afirma que la ley no define claramente quién es el “titular”, dejando espacio para controversias sobre si los intermediarios aún pueden transferir beneficios económicos a los clientes. Esta ambigüedad es precisamente la razón por la que la banca busca que el Congreso aclare estos aspectos en una ley de estructura de mercado más amplia.

La banca argumenta que, incluso con incentivos limitados, las stablecoins podrían convertirse en una competencia fuerte para los depósitos bancarios, afectando especialmente a los bancos regionales y comunitarios.

Por otro lado, las empresas de criptomonedas creen que los incentivos vinculados a pagos, uso de billeteras o actividades en línea pueden ayudar a que el dólar digital compita con los canales de pago tradicionales y mejorar su posición en el sector financiero convencional.

Esta divergencia refleja también diferentes percepciones sobre el futuro desarrollo de las stablecoins.

Los gráficos muestran que, a medida que aumenta el uso del dólar digital, existen desacuerdos graves entre bancos y empresas de criptomonedas sobre quién debería recibir los rendimientos de las stablecoins.

Si los legisladores consideran las stablecoins principalmente como instrumentos de pago, será más fácil imponer restricciones estrictas a los incentivos. Pero si las ven como una transformación significativa en la circulación de valor en plataformas digitales, el argumento a favor de incentivos limitados será más sólido.

La Asociación Bancaria ha instado a los legisladores a cerrar las “lagunas regulatorias” antes de que estos mecanismos de recompensa se generalicen. Argumentan que permitir que los saldos ociosos generen rendimientos podría llevar a los depositantes a retirar fondos, reduciendo la principal fuente de financiamiento para préstamos a hogares y empresas.

Standard Chartered estima que, para fines de 2028, las stablecoins podrían retirar aproximadamente 500 mil millones de dólares en depósitos del sistema bancario estadounidense, afectando principalmente a bancos pequeños y medianos.

Los gráficos comparan por qué los bancos y las criptomonedas están interesados en la ley de stablecoins, mostrando pérdida de depósitos, impacto en los prestatarios, recompensas en efectivo y proteccionismo bancario.

La banca también intenta convencer a los legisladores de que su postura cuenta con apoyo popular. La Asociación de Banqueros de EE. UU. publicó recientemente una encuesta:

· Cuando se preguntó si permitir los rendimientos de stablecoins podría reducir los fondos disponibles para préstamos y afectar el crecimiento comunitario y económico, los encuestados apoyaron en una proporción de 3 a 1 que el Congreso prohíba los rendimientos de stablecoins;

· En una proporción de 6 a 1, consideraron que la legislación sobre stablecoins debe ser cautelosa para no dañar el sistema financiero actual, especialmente a los bancos comunitarios.

Pero las empresas de criptomonedas contraatacan diciendo que la banca solo busca limitar la competencia del dólar digital para proteger su modelo de negocio.

Expertos del sector, incluido Brian Armstrong, CEO de Coinbase, afirman que, bajo la Ley GENIUS, los requisitos de reserva para las stablecoins son más estrictos que los de los bancos: las stablecoins deben estar respaldadas en su totalidad por efectivo o equivalentes.

El aumento en el volumen de transacciones eleva la apuesta en Washington

El tamaño del mercado ha hecho que esta disputa por los rendimientos ya no sea un tema menor.

La consultora Boston Consulting estima que el año pasado, el volumen total de stablecoins en circulación fue de aproximadamente 62 billones de dólares, pero excluyendo transacciones con bots y movimientos internos en exchanges, la actividad económica real fue de solo unos 4.2 billones de dólares.

La gran diferencia entre el volumen aparente y el uso económico real explica por qué la disputa sobre los rendimientos es tan crucial.

Si las stablecoins siguen siendo principalmente herramientas de liquidación y mercado, será más fácil para los legisladores limitarlas a funciones de pago; pero si los mecanismos de rendimiento convierten a las stablecoins en una forma ampliamente utilizada de almacenamiento de valor en aplicaciones, la presión sobre los bancos aumentará rápidamente.

Por ello, la Casa Blanca intentó a principios de año un acuerdo intermedio: permitir ciertos rendimientos en escenarios específicos, como pagos punto a punto, pero prohibir que fondos ociosos generen retornos. Las empresas de criptomonedas aceptaron este marco, pero la banca lo rechazó, lo que llevó a un estancamiento total en las negociaciones del Senado.

Incluso si el Congreso no actúa, los reguladores podrían tomar medidas para restringir los mecanismos de rendimiento.

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en EE. UU. propuso en una regulación para implementar la Ley GENIUS que si un emisor de stablecoins proporciona fondos a partes relacionadas o terceros, y estos pagan rendimientos a los titulares, se considerará una forma encubierta de distribución de rendimientos prohibidos.

Esto significa que, si el Congreso no legisla claramente, las agencias regulatorias podrían definir sus propios límites mediante reglas regulatorias.

El tiempo en el Congreso se acaba

Actualmente, la disputa se divide en dos líneas:

· ¿Debe el Congreso legislar mediante una ley formal?

· ¿Deben los reguladores definir los límites de las actividades empresariales dentro del marco legal existente?

Para el proyecto de ley del Senado, el tiempo es la mayor presión.

Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, escribió en redes sociales:

Si la Ley CLARITY no pasa por la comisión antes de finales de abril, la probabilidad de que sea aprobada en 2026 será muy baja. La ley debe enviarse al pleno del Senado a principios de mayo. El tiempo se agota, y cada día que pasa reduce las posibilidades de aprobación en uno.

También advirtió que, incluso si se resuelve la disputa sobre los rendimientos, el avance de la ley sigue siendo incierto:

Se cree que la principal traba para la Ley CLARITY es la disputa sobre los rendimientos de stablecoins. Pero incluso si se llega a un acuerdo en ese aspecto, la ley aún podría enfrentar otros obstáculos.

Estos obstáculos podrían incluir regulaciones sobre finanzas descentralizadas, la autoridad de los reguladores o incluso cuestiones éticas.

Antes de las elecciones de medio mandato en noviembre, la regulación de las criptomonedas probablemente se convertirá en un campo de batalla político mayor. Esto hace que la situación actual sea aún más urgente: si el proyecto de ley se retrasa, enfrentará una agenda política más apretada y un entorno legislativo más difícil.

Las encuestas del mercado reflejan también un cambio en el ánimo. A principios de enero, Polymarket estimaba una probabilidad del 80% de que la ley fuera aprobada; tras recientes fracasos (incluyendo declaraciones de Armstrong que consideran inviable la versión actual), la probabilidad cayó cerca del 50%.

Los datos de Kalshi muestran que la probabilidad de que la ley pase antes de mayo es solo del 7%, pero la de que pase antes de fin de año alcanza el 65%.

El fracaso de la ley transferirá más decisiones a los reguladores y al mercado

El impacto de un fracaso va mucho más allá de la disputa por los rendimientos. El objetivo principal de la Ley CLARITY es definir si los tokens criptográficos deben clasificarse como valores, commodities u otra categoría, proporcionando un marco legal claro para la regulación del mercado.

Si la ley no avanza, toda la industria dependerá más de directrices regulatorias, reglas temporales y cambios políticos futuros.

Por eso, uno de los motivos por los que el mercado está tan atento a su destino. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, afirmó a principios de año que la Ley CLARITY formalizará el actual entorno favorable a las criptomonedas en la regulación; de lo contrario, los futuros gobiernos podrían revertir las políticas existentes.

Escribió que, si la ley fracasa, la industria de las criptomonedas entrará en un período de “autoafirmación”, en el que necesitará unos tres años para demostrar su valor y ser indispensable para el público general y las finanzas tradicionales.

Bajo esta lógica, el crecimiento futuro del sector dependerá menos de la expectativa de que la ley se apruebe y más de si los productos como las stablecoins y la tokenización de activos logran una adopción masiva.

Esto plantea dos caminos muy diferentes para el mercado:

· Aprobación de la ley → los inversores anticipan el crecimiento de stablecoins y tokens;

· Fracaso de la ley → el crecimiento futuro dependerá más de la adopción real, enfrentando además la incertidumbre de cambios en la política de Washington.

El diagrama de flujo muestra la cuenta regresiva para la decisión del Senado sobre las stablecoins, con las fechas límite del 6 de marzo y de finales de abril o principios de mayo, que conducen a dos caminos: si el Congreso actúa, se logrará mayor claridad regulatoria y un crecimiento más rápido; si no, prevalecerá la incertidumbre.

Por ahora, la decisión está en Washington. Si los senadores reactivan la ley de estructura de mercado en primavera, podrán definir cuánto valor pueden transferir las stablecoins a los usuarios y qué marco regulatorio puede ser codificado en una ley. Si no, las agencias regulatorias ya están preparadas para definir al menos algunas reglas por sí mismas.

Independientemente del resultado, esta disputa ha trascendido la cuestión de si las stablecoins son parte del sistema financiero, y ahora se centra en cómo operarán dentro del sistema y quién se beneficiará de su desarrollo.