La jueza Analisa Torres niega la solicitud conjunta de Ripple y SEC

La jueza Analisa Torres se opuso a una propuesta de compromiso que habían presentado conjuntamente la empresa de criptomonedas Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La jueza federal justificó su decisión por graves irregularidades procesales y señaló un nuevo rumbo en uno de los casos legales más destacados del sector cripto. La negativa del 15 de mayo representa un revés para ambas partes, que habían llegado a un acuerdo a principios de este mes.

Errores formales llevan a la rechazo de la solicitud

La principal problemática, según Torres, radica en la base legal incorrecta de la solicitud. Ripple y la SEC habían presentado su petición como una solicitud de aprobación de un acuerdo, pero no cumplieron con los requisitos establecidos en la Regla 60 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Esta regla regula los procedimientos para la anulación o modificación de sentencias definitivas y exige requisitos estrictos que solo en casos raros y excepcionales pueden cumplirse.

Torres enfatizó claramente que las partes no demostraron que existieran circunstancias extraordinarias. La solicitud original del 8 de mayo buscaba dos cambios principales: la eliminación de la restricción que prohíbe a Ripple realizar ventas institucionales de XRP, y una reducción de la multa de 125 millones a 50 millones de dólares. Para Torres, estos motivos económicos no eran suficientes para cumplir con los requisitos formales.

Cambio en la política de la SEC bajo nueva dirección

El contexto de la solicitud se enmarca en una reorientación fundamental de la SEC tras la renuncia de Gary Gensler como presidente. La nueva dirección mostró un tono más conciliador hacia la industria cripto y buscaba cerrar varios casos de cumplimiento de alto perfil, incluido el caso Ripple. Este cambio de política sugería que la agresividad regulatoria de años anteriores podría ceder paso a un enfoque más pragmático.

La presentación conjunta fue, por tanto, una señal de que ambas partes —que hasta ahora eran adversarias— habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, la jueza Torres frustró estos planes con su estricta interpretación de las reglas procesales y dejó claro que incluso los acuerdos entre partes no pueden modificar automáticamente sentencias firmes.

Implicaciones para Ripple y la regulación de las criptomonedas

La decisión de Analisa Torres tiene varias consecuencias inmediatas. En primer lugar, la restricción contra las ventas institucionales sigue vigente. En segundo lugar, la multa de 125 millones de dólares no puede reducirse a los 50 millones solicitados, al menos no por este procedimiento. Actualmente, el caso está en fase de apelación, lo que limita la competencia de Torres en este asunto.

Para el sector cripto, queda claro: independientemente de los cambios de gobierno y de la nueva dirección de la SEC, los tribunales permanecen atados a las reglas procesales formales. El intento de modificar sentencias mediante cooperación entre reguladores y empresas requiere fundamentos jurídicos sólidos. Stuart Alderoty, director legal de Ripple, anunció que evaluarán los próximos pasos, mientras que queda abierta la duda de si Ripple recurrirá a otros recursos legales para impugnar las sanciones.