#JusticeDepartmentSellsBitcoin Una lucha silenciosa de poder detrás de la estrategia de Bitcoin de Estados Unidos

Para muchos partidarios de las criptomonedas, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca significó el inicio de una nueva era pro-cripto. Su administración discutió abiertamente la incorporación de Bitcoin en una reserva estratégica nacional, mientras que altos funcionarios del Departamento de Justicia emitieron directrices para detener lo que describieron como una caza de brujas regulatoria contra herramientas cripto no custodiales. En la superficie, el mensaje parecía claro: el gobierno de EE. UU. estaba pasando de la hostilidad a una adopción cautelosa. Sin embargo, bajo esta narrativa tranquila, ha comenzado a surgir un conflicto institucional silencioso.
Ese conflicto se hizo visible cuando un documento filtrado de liquidación de activos reveló que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS), actuando bajo instrucciones vinculadas a fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), vendió Bitcoin confiscado a los desarrolladores de Samourai Wallet. Esta acción contradecía directamente el espíritu—y posiblemente la intención—de la Orden Ejecutiva No. 14233, firmada por el presidente Trump en marzo de 2025, que enmarcaba el Bitcoin confiscado como parte de una reserva nacional a largo plazo y desalentaba explícitamente su liquidación.
El caso se centra en aproximadamente 57.55 BTC, confiscados como parte de acuerdos de culpabilidad que involucraban a los desarrolladores de Samourai Wallet Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill. Los datos en cadena muestran que en noviembre de 2025, estas monedas fueron transferidas de una dirección controlada por el gobierno a Coinbase Prime, tras lo cual el saldo fue reducido a cero. La implicación es sencilla: el Bitcoin fue vendido, no retenido para ninguna estructura de reserva estratégica que la administración había promovido públicamente.
En aislamiento, esto podría parecer una venta rutinaria de activos judiciales. Sin embargo, en el clima político y regulatorio de 2026, tiene un peso mucho mayor. La orden ejecutiva de Trump definió el Bitcoin obtenido mediante confiscación como “Bitcoin del Gobierno” y enfatizó que estos activos deberían ser preservados en lugar de liquidarse. La venta dirigida por SDNY, por lo tanto, plantea una pregunta crítica: ¿quién decide en última instancia el destino de los activos digitales confiscados—el poder ejecutivo o fiscales independientes?
Esto llama la atención sobre la posición única del Distrito Sur de Nueva York, a menudo descrito como el distrito fiscal más autónomo y poderoso de Estados Unidos. Aunque formalmente forma parte del Departamento de Justicia, SDNY ha operado durante mucho tiempo con una reputación de independencia, particularmente en casos financieros y relacionados con cripto. Al proceder con la venta de Bitcoin, SDNY pareció señalar que la política de Washington no se traduce automáticamente en la conducta de aplicación en Manhattan.
La medida también contrastó con un memorando de abril de 2025 del Fiscal General adjunto Todd Blanche, que afirmaba que el DOJ ya no perseguiría casos contra carteras no custodiales, herramientas de mezcla o usuarios finales sin una intención criminal clara. A pesar de esta directriz, SDNY ha continuado avanzando con casos relacionados con Samourai Wallet y la persecución en curso del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm. Incluso las señales de FinCEN sugiriendo que las herramientas no custodiales podrían no calificar como transmisores de dinero no lograron cambiar la postura de SDNY.
Legalmente, SDNY puede remitirse al Título 18, Sección 982(a)(1) del Código de EE. UU., que regula la confiscación de activos y otorga a los fiscales discreción sobre la propiedad confiscada. La ley establece la propiedad por parte de los Estados Unidos, pero no manda explícitamente cómo deben gestionarse los activos tras la confiscación. Esta ambigüedad legal es el corazón del conflicto: la ley permite discreción, mientras que la orden ejecutiva impone una intención estratégica.
Al convertir Bitcoin en dólares estadounidenses, SDNY ejerció su autoridad discrecional de una manera que es posiblemente legal pero políticamente disruptiva. La decisión sugiere incomodidad en algunas partes de la burocracia judicial respecto a mantener Bitcoin como un activo soberano. En lugar de permitir que el BTC confiscado forme parte de una reserva nacional, la preferencia parecía ser la liquidación—eliminar lo que algunos todavía ven como un activo controvertido o “tóxico” de los balances gubernamentales.
Este desarrollo coloca al presidente Trump en una posición difícil. Públicamente, su administración promueve Bitcoin como un activo estratégico y señala apertura a indultar a desarrolladores involucrados en tecnologías no custodiales. En privado, las agencias que operan bajo el paraguas federal están tomando acciones que socavan esos objetivos. Si Trump ordenara una investigación sobre la venta o interviniera directamente, esto escalaría a un enfrentamiento raro y directo entre la autoridad ejecutiva y la independencia fiscal.
Para el mercado cripto, el problema va más allá de la venta de 57.55 BTC. El daño real radica en la incoherencia de políticas. Las reservas estratégicas dependen no solo de la acumulación de activos, sino también de la alineación institucional y la previsibilidad. Cuando una rama del gobierno señala una adopción a largo plazo mientras otra liquida silenciosamente activos, la confianza se erosiona—no solo entre los inversores, sino también entre los responsables políticos globales que observan cómo se desarrolla el experimento en EE. UU.
La lección más amplia es clara: el mayor desafío para establecer Bitcoin como un activo de reserva nacional puede no ser la volatilidad del precio o el escepticismo público, sino la resistencia interna dentro de las estructuras de poder arraigadas. La “guerra de Bitcoin” puede que ya no sea ruidosa ni pública, pero está lejos de terminar. Simplemente se ha movido tras puertas cerradas—en memorandos, acuerdos de culpabilidad y transacciones silenciosas en cadena.
Si Estados Unidos toma en serio una reserva estratégica de Bitcoin, será esencial la alineación entre las instituciones ejecutivas, regulatorias y judiciales. De lo contrario, la mayor amenaza para la adopción de cripto a nivel estatal no vendrá de los mercados, sino de las fracturas dentro del propio gobierno.