La intersección de las criptomonedas y el crimen organizado se ha vuelto cada vez más evidente a través de una serie de operaciones internacionales de aplicación de la ley. Lo que comenzó como incidentes aislados ha evolucionado hacia esfuerzos coordinados a nivel global para desmantelar redes sofisticadas de lavado de dinero que explotan activos digitales.
La evolución del lavado habilitado por criptomonedas
Entre 2020 y 2024, las autoridades de varios continentes documentaron un uso creciente de criptomonedas por parte de organizaciones de tráfico. Los casos revelan un patrón: las redes criminales se adaptaron rápidamente a las finanzas digitales a medida que los canales bancarios tradicionales enfrentaban un mayor escrutinio.
En España, las fuerzas del orden desmantelaron operaciones que involucraban a Mario A.H., un operativo de tráfico con conexiones con el cartel de Cali, que había canalizado con éxito más de seis millones de euros a través de plataformas de criptomonedas antes de su arresto en 2020. Simultáneamente, surgieron operaciones a menor escala en las Américas—una banda con base en Texas conocida como “Loverbois” fue condenada en 2024 por circular entre $15,000 y $50,000 mensualmente a través de exchanges de criptomonedas mientras distribuían metanfetaminas localmente.
Redes internacionales y figuras clave
La sofisticación escaló considerablemente para 2023. En Medellín, las autoridades colombianas arrestaron a Taoufiq Ramsis, un ciudadano holandés que había orquestado una red transnacional de lavado de criptomonedas que abarcaba las Américas, Europa y Australia. Su arresto indicó que estas operaciones habían trascendido las fronteras regionales e involucraban actores coordinados en diferentes continentes.
Ese mismo año, en Santiago, la tercera fase de la Operación Lucerna resultó en siete arrestos relacionados con un esquema en el que la infraestructura de minería de criptomonedas servía como fachada para convertir ganancias de drogas en activos digitales—un método que resultó particularmente efectivo para ocultar los orígenes de los fondos.
Respuesta coordinada de las fuerzas del orden
La escala de la respuesta de las fuerzas del orden se intensificó dramáticamente con dos operaciones emblemáticas:
Operación Dark Hunter (2021) demostró el alcance de la coordinación internacional, resultando en 151 arrestos en múltiples jurisdicciones. Las autoridades recuperaron $31 millones en efectivo y tenencias de criptomonedas, además de 234 kilogramos de sustancias controladas.
Operación Trojan Shield (2021), coordinada conjuntamente por el FBI y Europol, fue aún más expansiva. La operación concluyó con más de 800 arrestos en 16 países y la confiscación de más de $48 millones en monedas fiduciarias y digitales.
Estos éxitos subrayan cómo las agencias de aplicación de la ley, cuando operan de manera sincronizada, pueden penetrar redes que explotan la naturaleza sin fronteras de las transacciones con criptomonedas. Los casos en conjunto demuestran que, si bien los activos digitales ofrecen ventajas claras a las empresas criminales—velocidad, seudonimato y alcance global—también crean rastros forenses que los investigadores determinados pueden seguir.
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Cómo la criptomoneda se convirtió en una herramienta crítica en las redes globales de lavado de dinero de drogas
La intersección de las criptomonedas y el crimen organizado se ha vuelto cada vez más evidente a través de una serie de operaciones internacionales de aplicación de la ley. Lo que comenzó como incidentes aislados ha evolucionado hacia esfuerzos coordinados a nivel global para desmantelar redes sofisticadas de lavado de dinero que explotan activos digitales.
La evolución del lavado habilitado por criptomonedas
Entre 2020 y 2024, las autoridades de varios continentes documentaron un uso creciente de criptomonedas por parte de organizaciones de tráfico. Los casos revelan un patrón: las redes criminales se adaptaron rápidamente a las finanzas digitales a medida que los canales bancarios tradicionales enfrentaban un mayor escrutinio.
En España, las fuerzas del orden desmantelaron operaciones que involucraban a Mario A.H., un operativo de tráfico con conexiones con el cartel de Cali, que había canalizado con éxito más de seis millones de euros a través de plataformas de criptomonedas antes de su arresto en 2020. Simultáneamente, surgieron operaciones a menor escala en las Américas—una banda con base en Texas conocida como “Loverbois” fue condenada en 2024 por circular entre $15,000 y $50,000 mensualmente a través de exchanges de criptomonedas mientras distribuían metanfetaminas localmente.
Redes internacionales y figuras clave
La sofisticación escaló considerablemente para 2023. En Medellín, las autoridades colombianas arrestaron a Taoufiq Ramsis, un ciudadano holandés que había orquestado una red transnacional de lavado de criptomonedas que abarcaba las Américas, Europa y Australia. Su arresto indicó que estas operaciones habían trascendido las fronteras regionales e involucraban actores coordinados en diferentes continentes.
Ese mismo año, en Santiago, la tercera fase de la Operación Lucerna resultó en siete arrestos relacionados con un esquema en el que la infraestructura de minería de criptomonedas servía como fachada para convertir ganancias de drogas en activos digitales—un método que resultó particularmente efectivo para ocultar los orígenes de los fondos.
Respuesta coordinada de las fuerzas del orden
La escala de la respuesta de las fuerzas del orden se intensificó dramáticamente con dos operaciones emblemáticas:
Operación Dark Hunter (2021) demostró el alcance de la coordinación internacional, resultando en 151 arrestos en múltiples jurisdicciones. Las autoridades recuperaron $31 millones en efectivo y tenencias de criptomonedas, además de 234 kilogramos de sustancias controladas.
Operación Trojan Shield (2021), coordinada conjuntamente por el FBI y Europol, fue aún más expansiva. La operación concluyó con más de 800 arrestos en 16 países y la confiscación de más de $48 millones en monedas fiduciarias y digitales.
Estos éxitos subrayan cómo las agencias de aplicación de la ley, cuando operan de manera sincronizada, pueden penetrar redes que explotan la naturaleza sin fronteras de las transacciones con criptomonedas. Los casos en conjunto demuestran que, si bien los activos digitales ofrecen ventajas claras a las empresas criminales—velocidad, seudonimato y alcance global—también crean rastros forenses que los investigadores determinados pueden seguir.