La oficina presidencial de Zambia acaba de cerrar un impulso regulatorio que habría obligado a los operadores mineros a ceder al menos el 15% de las participaciones de capital al gobierno. El marco propuesto apuntaba a los productores de cobre y a las empresas que extraen otros minerales estratégicos, recursos que alimentan todo, desde baterías de vehículos eléctricos hasta la infraestructura de centros de datos.

Esto no se trata solo de la política minera tradicional. La demanda de cobre sigue en aumento a medida que el mundo se electrifica, y cualquier cambio de política en las principales regiones productoras envía ondas a través de las cadenas de suministro. Para una industria que ya observa cómo los precios de los metales oscilan con los ciclos económicos, la incertidumbre regulatoria en una nación clave proveedora añade otra capa de volatilidad. El rechazo señala que Zambia mantiene sus puertas abiertas al capital privado por ahora, pero el hecho de que esta propuesta haya llegado a una consideración seria muestra cómo el nacionalismo de recursos sigue volviendo a la mesa.