Un senador del Partido Republicano acaba de soltar nueva legislación dirigida a las ciudades de EE. UU. que podrían hacer cumplir las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra funcionarios de naciones aliadas. El proyecto de ley está claramente diseñado para proteger al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de posibles complicaciones legales en suelo estadounidense. Es otra capa en la tensión continua entre los marcos legales internacionales y las prioridades políticas nacionales. Vale la pena observar cómo se desarrolla esto, especialmente ya que establece un precedente sobre cómo EE. UU. navega la jurisdicción de la CPI cuando están involucrados aliados.