
En septiembre de 2021, el gobierno chino decretó una prohibición total de todas las actividades relacionadas con activos virtuales, marcando así un endurecimiento significativo en la regulación de activos digitales en China. Desde entonces, las autoridades han continuado reforzando el marco regulatorio. Las reformas recientes de las leyes contra el blanqueo de capitales han especificado los requisitos de supervisión para actividades que involucran activos virtuales, reflejando el enfoque constante del gobierno y el aumento del control sobre el sector.
La prohibición abarca todos los aspectos de la actividad vinculada a activos virtuales: compraventa, minería, emisión de tokens y prestación de servicios de fijación de precios u otros servicios financieros de transacción. También tiene alcance transfronterizo, pues incluye la compra de activos virtuales en el extranjero y la participación indirecta, como el soporte técnico a usuarios. Esta cobertura regulatoria integral garantiza la supervisión total del sector y elimina posibles resquicios legales.
El objetivo esencial de esta prohibición es evitar una amplia gama de riesgos financieros. Los mercados de activos virtuales son especialmente vulnerables al fraude, ya que los actores malintencionados aprovechan la asimetría de información y las lagunas regulatorias. Además, la naturaleza transfronteriza de estos activos facilita el blanqueo de capitales y las transferencias ilícitas, poniendo en riesgo la seguridad financiera. La alta volatilidad y la falta de transparencia en estos mercados también comprometen los fondos de los inversores. Con la aplicación de una prohibición global, los reguladores buscan interrumpir estas cadenas de riesgo desde el origen, preservar la estabilidad del sistema financiero y salvaguardar los derechos legales de los inversores.
La política de China prohíbe la minería de criptomonedas, exige la limpieza y cierre de proyectos relacionados, veta nuevas inversiones, prohíbe los servicios de compraventa de criptomonedas, busca prevenir riesgos asociados a los activos virtuales y combate la captación ilegal de fondos.
China prohíbe la compraventa de criptomonedas y las ICO principalmente para controlar el riesgo financiero, evitar amenazas sistémicas, proteger los derechos de los inversores, fomentar el desarrollo del yuan digital y regular la economía digital.
Se prohíbe a particulares y empresas participar en la compraventa de criptomonedas. Las infracciones pueden conllevar cargos penales. Las plataformas de negociación extranjeras no pueden prestar servicios a usuarios chinos, y quienes colaboren en operaciones o marketing también se exponen a consecuencias legales.
Poseer activos virtuales no es ilegal, pero su negociación está restringida. Participar en operaciones ilegales, blanqueo de capitales o fraude puede acarrear multas, confiscación de activos o sanciones penales. Es fundamental cumplir con la normativa vigente.
China impulsa la innovación en tecnología blockchain, pero mantiene prohibiciones estrictas sobre los activos virtuales. El gobierno apoya la adopción de blockchain en ámbitos como la gestión de la cadena de suministro y la trazabilidad, mientras prohíbe la compraventa, emisión y recaudación de fondos con criptomonedas para reducir riesgos financieros.
China podría seguir perfeccionando la regulación de los activos virtuales, reforzando el combate contra actividades ilegales y permitiendo la innovación dentro del marco legal. La expansión del yuan digital se consolidará como estrategia oficial para los activos digitales. Es previsible que la política futura busque equilibrar la innovación con una gestión eficaz del riesgo.











